La decisión del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, dejó descolocada a la clase política. El titular del Ministerio Público decidió darle continuidad al caso de las valijas de la Legislatura apenas unas horas después de que trascendiera el archivo de la pesquisa. Jiménez resolvió, además, el cambio de la fiscalía penal. La causa, que hasta ayer estaba en manos de Washington Navarro Dávila (titular de la Fiscalía de Instrucción de la V° Nominación), pasó al fiscal de turno, Claudio Osmar Bonari (de la II° Nominación), quien asumió hace menos de un mes.
“Es preciso advertir que, debido a las connotaciones públicas de la investigación que se sustenta bajo los autos de referencia, sin llegar a considerar siquiera que se encuentren en juego la honorabilidad, criterio y diligencia del fiscal de Instrucción de la V° Nominación, resulta prudente en esta oportunidad disponer el cambio de radicación de los autos de referencia”, aclaró Jiménez en la resolución.
El documento fue rubricado a seis días de que Navarro Dávila resolviera el archivo de las actuaciones por el presunto manejo irregular de $615,6 millones, ejecutados por el Poder Legislativo en el 2015 electoral bajo la figura de “ayudas sociales” (la decisión trascendió el lunes). Sobre la base de informes del Tribunal de Cuentas y de otras reparticiones, el fiscal había considerado que no hubo indicios de delitos en el uso de esos fondos públicos, que representaron un reparto discrecional promedio -considerando los 365 días del año- de $ 1,68 millón diarios, supuestamente destinados a subsidios a ciudadanos necesitados.
El ministro fiscal, además, resaltó: “el archivo dispuesto constituye una instancia que no implica la clausura ni el cierre definitivo del proceso”.
Del banco a la Cámara
El escándalo por el caso de las valijas legislativas estalló en noviembre de 2015, cuando LA GACETA publicó fotos y otros documentos que revelaban el manejo del efectivo en la Legislatura. Un empleado recogía de una sucursal céntrica del Banco Tucumán las maletas con dinero (en cada una cabían hasta $ 6 millones). El efectivo era llevado en una camioneta oficial a la sede legislativa, donde era entregado en mano. Bajo este concepto fue ejecutado el 40% del presupuesto total de la Cámara, que alcanzó los $ 1.529 millones tras una ampliación presupuestaria secreta concretada en la sesión del 9 de septiembre de 2015.
Oscar López, ex candidato a legislador por un acople del Acuerdo para el Bicentenario (ApB), había denunciado por fraude a la Administración Pública a los legisladores y autoridades de la anterior conformación de la Cámara. La decisión de archivar la pesquisa, 10 meses después de que estallara el escándalo, había generado alivio entre quienes participaron de esa gestión. Entre ellos, el ex presidente de la Cámara y actual gobernador, Juan Manzur; el ex titular subrogante y hoy ministro de Gobierno, Regino Amado; y el ex secretario legislativo y hoy legislador, Juan Ruiz Olivares.
Los “gastos sociales” nacen en 1992, con la Ley de Residencia Oficial (6.398). Los dos primeros artículos garantizan el mantenimiento de la casa que escoja el gobernador. Un tercer párrafo (caducó en 1999) permitía a otras áreas del Estado efectuar rendiciones sólo con presentar el recibo que comprobara el monto liquidado.
Si bien se les llama “gastos sociales”, los subsidios son extraídos de la subpartida 514 (“ayudas sociales a personas”), destinada a “auxilios o ayudas especiales, revistan éstas carácter de permanente o no acordados a personas”. Están incluidas junto a otros subsidios en la partida 500 (denominada “Transferencias”), puesto que su cobro no requiere contraprestación.
Hace algunas semanas, el vicegobernador Osvaldo Jaldo anunció la eliminación de la subpartida 514, aunque advirtió que la Legislatura continuará otorgando otros subsidios previstos en el Manual de Clasificadores Presupuestarios, como ayudas sociales a instituciones. En esa nómina también figuran becas y otros auxilios.